martes, 28 de marzo de 2017

El fin de la concertada


La actual y mojigata Constitución española, en su artículo 27, dice que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Cuando el Estado no se vio capaz, pobrecito, de garantizar este precepto con su propia infraestructura, ideó el envenenado concepto de la enseñanza concertada. Se trataba de subvencionar a centros privados con dinero público, para que todos los niños de España tuviesen aulas donde recibir la enseñanza obligatoria.

Los centros privados, en su mayoría de congregaciones católicas, se prestaron generosamente a ello. Esta situación provisional degeneró en costumbre, propiciando que el dinero público fuese destinado a incrementar la brecha social. Los colegios públicos se fueron especializando en acoger a los menores más desfavorecidos, mientras que los privados hacían caja doble, cobrando del Estado y de las familias pudientes, mediante tasas añadidas.

La situación actual, con plazas sobrantes en los colegios públicos, reclama una revisión del modelo. La primera medida, sin duda, debería ser la extinción de las subvenciones a los centros privados. La comentada costumbre aparece hoy a los ojos de sus beneficiarios como un derecho adquirido, en una sociedad lobotomizada que considera mayoritariamente que un colegio concertado no es un colegio privado.

Las formaciones políticas progresistas y conservadoras aprobaron, en una España actualmente desconocida, la Constitución de 1931. En el artículo 16 se establecía la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Y en el artículo 48 se leía: “El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza será laica. Se reconoce a las Iglesias el derecho de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”.

En 1970, la franquista ley Villar Palasí constituyó el inicio de las subvenciones reguladas a la escuela privada. La LODE del PSOE de 1985 consagró esta irregularidad, manteniendo al país en uno de los agujeros económicos, sociales e ideológicos más retrógrados y antidemocráticos generados por las cuatro décadas de dictadura fascista.

En 2017, una tímida propuesta política para comenzar a revertir la ignominia de la escuela concertada está recibiendo duras respuestas por parte de la derecha, como es lógico, pero también desde amplios sectores sociales, que en el mejor de los casos han sido engañados con una facilidad pasmosa.

Mi opinión personal es que la enseñanza privada no ha de tener cabida en un Estado democrático e igualitario, que debería atender por completo la educación, la sanidad, las finanzas y la vivienda. Como estoy en evidente minoría, solo propongo que los colegios privados se financien por sí mismos. Seguro que todos los defensores de la propiedad privada, la libre competencia y la economía de mercado estarán de acuerdo.

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